Las promesas del gobierno de Javier Milei sobre la explotación de tierras raras y uranio en Argentina enfrentan un obstáculo inesperado: el federalismo minero. Aunque se avanzó en negociaciones con empresas estadounidenses y hubo reuniones en Casa Rosada con la expectativa de atraer inversiones bajo un modelo de libre mercado, la realidad es que la propiedad de los recursos minerales corresponde a las provincias, no al Estado nacional. Esto obliga a los inversores a negociar con cada gobernador, lo que complica y ralentiza los procesos.
La reforma constitucional de 1994 estableció que el subsuelo y sus recursos son propiedad provincial, una decisión que fue clave para la reelección de Carlos Menem y que sigue marcando la política minera argentina. En la práctica, esto significa que cualquier proyecto minero debe sortear la burocracia y regulaciones particulares de cada jurisdicción. Provincias como Catamarca, Neuquén, Río Negro, La Rioja y San Juan, donde se encuentran los yacimientos de interés, tienen gobiernos con diferentes orientaciones políticas y modelos de gestión, lo que dificulta la unificación de criterios y agilización de permisos.
Este escenario contrasta con el modelo chileno, donde la minería está centralizada y controlada por el Estado, facilitando la inversión y ejecución de proyectos. En Argentina, el proceso puede extenderse por años, afectando la posibilidad de posicionarse en el mercado global de tierras raras, minerales esenciales para la tecnología moderna, desde autos eléctricos hasta dispositivos militares y electrónicos. La falta de un marco nacional claro y una «ventanilla única» para la minería limita el potencial del país para convertirse en un actor clave en esta industria estratégica.