En 2026, el Estado nacional destinará apenas el 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, una cifra que representa la mitad de lo que se invertía hace diez años. Este dato, que surge del proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo y actualmente en debate en el Congreso, refleja un retroceso preocupante en el financiamiento educativo nacional, que en 2016 alcanzaba el 1,52% del PBI. La reducción sostenida en la inversión no solo afecta al nivel nacional, sino que también se replica en las provincias, responsables del 75% del gasto educativo público, que han disminuido sus recursos en los últimos años.
El informe elaborado por Argentinos por la Educación, con datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y CONICET, señala que aunque para 2026 se proyecta un aumento nominal del presupuesto educativo nacional entre 4,4% y 8% respecto a 2025, esta mejora no alcanza a compensar la caída del 49,1% registrada desde 2023. En términos reales, el Estado nacional invertirá 6,8 billones de pesos en educación, cifra muy inferior a los 12,3 billones destinados en 2023 (ajustados a pesos constantes de 2025).
Este descenso en la inversión se traduce en menos recursos para infraestructura, equipamiento, formación docente y programas esenciales como la Educación Sexual Integral. Por ejemplo, la partida para infraestructura y equipamiento caerá un 62,9%, mientras que los fondos para formación docente y promoción de la lectura aumentan por debajo de la inflación proyectada, afectando la calidad educativa y profundizando las desigualdades. Además, el proyecto de presupuesto propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 establece la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a educación, una meta que solo se cumplió en 2015.
En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización recibirá un incremento real superior al 60%, concentrando sus recursos en la extensión de la jornada escolar, una política lanzada en 2022 para fortalecer la enseñanza básica. Sin embargo, otros sectores como las universidades públicas enfrentan un deterioro salarial cercano al 30% desde 2023, y la inversión en becas ha sufrido recortes significativos.
Expertos consultados coinciden en la urgencia de recuperar un consenso político y social que garantice una asignación estable y prioritaria de recursos para la educación, con reglas claras y un acuerdo federal que sostenga un financiamiento adecuado y sostenible. La caída en la inversión educativa nacional no solo limita el desarrollo del sistema, sino que también compromete el futuro de las nuevas generaciones y la equidad social en Argentina.