Un escándalo de proporciones sacude la provincia de Chubut, específicamente Comodoro Rivadavia, donde más de 800 personas denuncian haber sido víctimas de una estafa inmobiliaria. La investigación ha escalado hasta involucrar a familiares directos de Gustavo Fita, actual presidente del Partido Justicialista (PJ) local y diputado.
Vanesa Fita, hermana del legislador, está siendo procesada bajo la acusación de liderar una cooperativa de vivienda fraudulenta. Se presume que solicitaba sumas de dinero a cambio de promesas de acceso a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que nunca se concretaron. La trama se complica aún más al revelarse la presunta participación del hijo del diputado, su pareja y la actual compañera sentimental de Fita.
Las investigaciones sugieren que algunos de los implicados habrían ocupado cargos durante la gestión del ex intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, con quien Fita mantiene una alianza política. El modus operandi consistía en solicitar inicialmente unos 100 mil pesos a los interesados, creando falsas expectativas mediante reuniones informativas que buscaban dar credibilidad al engaño y captar a más víctimas.
La fiscalía, a cargo de Oscar Cárcamo, no descarta que el caso se catalogue como asociación ilícita con fines de lucro y evalúa la posibilidad de lavado de dinero. En caso de comprobarse la participación directa del diputado Fita, se podría solicitar su desafuero para proceder con la imputación formal. Este escándalo reaviva el debate sobre irregularidades en adjudicaciones de viviendas tras el temporal de 2017, donde se detectaron desvíos de fondos y actos de corrupción. La interna del PJ también se ha visto afectada, luego de que un congreso partidario en diciembre de 2024 culminara con la renuncia de 25 miembros que denunciaron manejos irregulares y falta de transparencia en la conducción.