En una maniobra que traslada la responsabilidad del mantenimiento vial directamente al bolsillo de los ciudadanos, la administración central ha decidido desvincularse del cuidado de las carreteras nacionales. Bajo la premisa de una supuesta descentralización, se habilitó a nueve provincias para que tomen el control de diversos tramos estratégicos y gestionen sus propias concesiones. Esta medida no es más que una transferencia de costos: ante la falta de inversión estatal, el Gobierno Nacional autoriza ahora la implementación de peajes locales, obligando a que el arreglo de la infraestructura lo pague la población a través de nuevos gravámenes y tarifas por circular.
La resolución, que ya entró en vigencia, permite que las jurisdicciones provinciales llamen a licitación para obras que anteriormente dependían del presupuesto federal. Esto genera un mapa de circulación fragmentado, donde el derecho a transitar por rutas nacionales quedará supeditado a la capacidad de pago de los usuarios. Las autoridades nacionales justifican este desentendimiento alegando una búsqueda de eficiencia, pero en la práctica se traduce en una carga impositiva disfrazada de servicio, dejando a las provincias con la difícil tarea de financiar mejoras estructurales que el Ejecutivo ha decidido dejar de costear.
El esquema propuesto entrega la potestad a los gobernadores para decidir qué tramos serán arancelados, rompiendo con la lógica de una red vial nacional unificada y gratuita. Esta decisión profundiza el ajuste sobre la clase media y los sectores productivos, quienes ahora deberán enfrentar costos de logística más elevados para compensar la ausencia del Estado nacional en sus funciones básicas. Con esta política, el mantenimiento de los caminos deja de ser una obligación central para convertirse en un negocio de concesiones donde el usuario es el único que aporta los fondos necesarios para evitar el deterioro total de las rutas.