la Casa Rosada ha reactivado la presión sobre sus propias carteras para profundizar el recorte del gasto público. Manuel Adorni, quien ahora cumple funciones como ministro coordinador, ha sido el encargado de bajar la orden directa: cada ministerio tiene hasta el 30 de abril para presentar un plan de ajuste que reduzca un 2% los gastos operativos y un 20% los gastos de capital. Esta nueva vuelta de tuerca a la austeridad fiscal busca blindar el superávit, pero ha generado una incomodidad palpable entre los ministros, quienes ya venían lidiando con presupuestos sumamente ajustados desde el inicio de la gestión.
Lo que resulta llamativo, y para muchos paradójico, es que sea precisamente Adorni quien encabece esta exigencia de transparencia y rigor contable. El funcionario se encuentra actualmente en una tormenta judicial, imputado por presunto enriquecimiento ilícito tras detectarse inconsistencias patrimoniales que incluyen la compra de propiedades y viajes al exterior que no coincidirían con sus ingresos declarados. Mientras él reclama a sus pares un detalle minucioso de cada peso invertido en choferes o insumos, la Justicia investiga cómo su propio patrimonio personal creció de manera exponencial, una contradicción que la oposición y varios sectores internos no han dejado pasar.
Esta exigencia de «motosierra» ministerial ocurre a pocos días de que Manuel Adorni deba presentarse ante el Congreso para brindar su primer informe de gestión, donde se espera que las preguntas sobre sus bienes personales dominen la jornada. Para el entorno presidencial, esta medida es una forma de retomar la iniciativa política y demostrar que no hay concesiones en la lucha contra el déficit. Sin embargo, en los pasillos de las diferentes dependencias estatales, la sensación es de un profundo malestar; se percibe como una ironía que el control de los gastos del Estado esté en manos de alguien que, hoy por hoy, tiene serias dificultades para justificar su propio pasar económico ante los tribunales.