La oposición avanzó con un proyecto de interpelación contra Guillermo Francos por incumplimiento en la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, una norma que fue aprobada y ratificada por el Congreso y que exige un cumplimiento inmediato e innegociable. La falta de implementación efectiva de esta ley representa una seria violación institucional, ya que no admite debates ni postergaciones, sino que demanda su ejecución plena y urgente.
En un plenario de comisiones, la bancada peronista junto a un sector del pichettismo logró reunir 29 firmas para exigir explicaciones a Francos, dejando abierta la posibilidad de su remoción si no justifica adecuadamente su accionar. La oposición sostiene que el incumplimiento de una ley sancionada por el Parlamento no puede ser tolerado ni relativizado, ya que afecta derechos fundamentales y la confianza en las instituciones.
Mientras el oficialismo intenta minimizar la situación calificándola de “desproporcionada”, la oposición insiste en que la gravedad del incumplimiento no deja espacio para interpretaciones: la ley debe ser aplicada en forma inmediata y total. Diputados como Sabrina Selva denunciaron la naturalización de la desobediencia a las normas legales por parte del Poder Ejecutivo, y reclamaron coherencia para avanzar también en la interpelación de otros funcionarios que han mostrado actitudes similares.
Este avance en el Congreso refleja la firme postura de la oposición frente a la violación de una ley vigente, exigiendo que el gobierno cumpla con sus obligaciones legales sin excusas ni demoras, bajo la amenaza concreta de remover a quien no garantice su cumplimiento.