La situación de los jubilados en Argentina revela una realidad preocupante que complica cualquier intento de reforma profunda en el sistema previsional. Según un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, más del 95% de los jubilados cobran haberes que apenas alcanzan el 37,9% del salario promedio, muy por debajo del 82% que se considera necesario para mantener el nivel de vida tras la jubilación. Esto evidencia una tasa de reemplazo insuficiente que dificulta la continuidad del consumo y la calidad de vida en la etapa pasiva.
Este desequilibrio se explica en parte por la estructura del sistema previsional, donde el régimen general, que agrupa a la mayoría de los beneficiarios, mantiene un equilibrio financiero precario a costa de reducir la suficiencia de los haberes.
Además, el informe destaca la problemática de los trabajadores independientes y de casas particulares, quienes aportan muy poco al sistema y, como consecuencia, enfrentan jubilaciones bajas o dependen de moratorias para acceder a una cobertura mínima. Esta disparidad contribuye a tensiones estructurales en la sostenibilidad financiera del sistema y limita la posibilidad de aplicar recortes o ajustes profundos sin afectar gravemente a la mayoría de los jubilados.
En este contexto, la «motosierra» de cualquier reforma radical, como la que propone Javier Milei, encuentra un límite importante: la realidad económica y social de millones de pasivos que ya reciben haberes muy bajos y que no pueden soportar un recorte mayor sin un impacto social severo. Por eso, cualquier cambio deberá considerar la complejidad y las asimetrías del sistema para evitar profundizar la precariedad de los jubilados.