La política argentina se ve sacudida por nuevas revelaciones que ponen en tela de juicio la integridad de figuras cercanas al oficialismo. Por un lado, se intensifica la búsqueda de un destino para Gerardo Milman, quien dejará su escaño legislativo en diciembre. Tanto Patricia Bullrich como Javier Milei han manifestado su intención de reubicarlo en el gobierno, con la ministra de Seguridad proponiendo la dirección de Migraciones. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta la férrea oposición de Karina Milei, quien ha vetado su nombramiento, una postura que mantiene desde hace meses. El presidente, por su parte, considera a Milman una «víctima» tras el archivo de la causa que lo vinculaba al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
La resistencia de Karina a otorgar un cargo sensible a Milman se explica por su interés en preservar un canal de diálogo discreto con la expresidenta. Esta comunicación subterránea, que ha cobrado mayor relevancia en los últimos tiempos, influye directamente en decisiones clave, como la negociación para la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema. En este contexto, se ha mencionado a la senadora Anabel Fernández Sagasti como posible candidata del kirchnerismo para el máximo tribunal, en un acuerdo que también incluiría al camarista Mariano Llorens por parte del gobierno. La situación de Milman, por tanto, se convierte en un punto de fricción que expone las complejas alianzas y vetos internos.
Paralelamente, la sombra de la corrupción y el financiamiento irregular se cierne sobre el entorno libertario con la aparición de nuevos nombres en los cuadernos del lobbysta Miguel Calvete, relacionados con el caso de las coimas de la Andis. En estas anotaciones, se vincula a Gustavo Balabanian, exesposo de la diputada electa Karen Reichardt, con Fred Machado, un presunto narcotraficante. Balabanian, empresario de Paraná Seguros, habría sido beneficiado por el gobierno para ingresar al negocio de las ART y, según fuentes, le habría comprado al menos un avión a Machado. Estas revelaciones, que también mencionan al legislador Florencio Randazzo y detallan porcentajes de coimas entre el 8% y el 10%, sugieren una trama de negocios opacos que se gestaría al amparo del poder estatal, añadiendo más interrogantes sobre el verdadero trasfondo de algunos armados políticos.