La producción agropecuaria bonaerense atraviesa un momento crítico, con vastas extensiones de tierra anegadas que amenazan la próxima campaña. Un reciente relevamiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) revela que cerca de seis millones de hectáreas se encuentran comprometidas por las inundaciones, de las cuales dos millones están completamente bajo el agua y otras cuatro millones son inviables para la siembra. Esta situación proyecta pérdidas económicas multimillonarias, estimadas en unos 2.000 millones de dólares para el ciclo 2026, afectando cultivos clave como la soja y el maíz, y poniendo en jaque la viabilidad de más de 1.500.000 hectáreas agrícolas. El sector rural ha levantado la voz, señalando directamente al gobierno provincial por la inacción en obras de infraestructura vitales.

La principal preocupación del campo se centra en el estancamiento del Plan Maestro del Río Salado, un proyecto de dragado y canalización que, tras más de dos décadas de iniciado, apenas supera la mitad de su ejecución. CARBAP ha sido contundente al afirmar que «no se trata de un detalle técnico ni de un simple retraso administrativo: es una obligación directa de la Provincia llevar adelante estas obras hidráulicas estructurales», cuya finalización estaba prevista hace una década. La entidad rural critica la desproporción en el presupuesto provincial 2026, que destina una cifra mínima al Plan Maestro mientras propone un significativo aumento en el impuesto inmobiliario. Esta falta de inversión en infraestructura hídrica, según los productores, agrava dramáticamente los daños productivos y sociales ante fenómenos climáticos extremos.

El reclamo del sector no se limita a la provincia, sino que también se extiende al gobierno nacional. Los productores recuerdan que el Estado recauda anualmente más de 1.000 millones de dólares en retenciones de la región, además de un impuesto específico sobre los combustibles que alimenta el Fondo Hídrico de Infraestructura, creado precisamente para financiar obras de control de inundaciones. Según Pablo Ginestet, secretario de CARBAP, la problemática actual es una combinación de «falta y mantenimiento de obras y precipitaciones muy excesivas en toda la cuenca del Salado», lo que evidencia la necesidad urgente de una coordinación y ejecución efectiva de los recursos disponibles para mitigar los efectos de un terreno naturalmente propenso a la acumulación de agua.