La designación de un militar como ministro de Defensa ha generado controversia en el ámbito político, marcando un quiebre con la tradición democrática de designar a un civil en este cargo. Esta decisión implica que, por primera vez en la historia reciente, un miembro de las Fuerzas Armadas ocupará un puesto clave en la toma de decisiones políticas en materia de defensa. La designación ha generado rechazo en sectores del radicalismo, quienes alertaron sobre el rol del padre del designado durante la última dictadura militar.
Históricamente, el Ministerio de Defensa ha sido ocupado por políticos de carrera, quienes responden directamente al Presidente y garantizan el control civil sobre las Fuerzas Armadas. La llegada de un militar a este puesto plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder y la influencia de los militares en la política nacional.
Si bien el nuevo ministro deberá responder al Presidente, su formación y experiencia militar podrían influir en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a la modernización de las Fuerzas Armadas, la asignación de recursos y la definición de la política de defensa nacional. La oposición ha expresado su preocupación por la posible militarización de la política y la pérdida de control civil sobre las Fuerzas Armadas.