La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires ha generado un complejo desafío logístico y económico para el país, especialmente para la coalición oficialista La Libertad Avanza (LLA). La solicitud formalizada por LLA para reemplazar a Espert por Diego Santilli y reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) ha puesto en el centro del debate el costo que esta maniobra electoral implicaría para el Estado argentino.
Según las primeras estimaciones, la reimpresión total de las boletas podría significar un gasto adicional que oscilaría entre 10 y 12 millones de dólares, una cifra considerable en el marco del presupuesto electoral y las prioridades nacionales. La Justicia Electoral, a través de la Junta Electoral, ha requerido al Gobierno que informe con precisión cuál sería el costo real de esta operación, si existen partidas presupuestarias asignadas para afrontar el gasto, qué imprentas podrían encargarse de la impresión y si sería necesario realizar una nueva licitación para el proceso. El plazo para responder estos interrogantes vence el miércoles 8 de octubre a las 8:30 horas.
Además, la Junta Electoral ha solicitado al Correo Argentino, responsable de la distribución del material electoral, que detalle los plazos mínimos necesarios para garantizar la entrega oportuna de las boletas a todas las mesas habilitadas, respetando el calendario electoral. En paralelo, se convocó a una audiencia para el mismo día, en la que participarán todas las fuerzas políticas involucradas y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, para discutir los aspectos logísticos, financieros y jurídicos vinculados a esta reimpresión.
El pedido de LLA se fundamenta en la necesidad de preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral, asegurando que la lista refleje correctamente a los candidatos vigentes tras las renuncias de Espert y otras postulantes. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta resistencia de varios sectores opositores, que cuestionan tanto el impacto económico como la viabilidad de modificar las boletas a tan pocos días de los comicios nacionales previstos para el 26 de octubre.
En definitiva, el problema generado por el cambio de candidato en LLA no solo pone en jaque la organización electoral, sino que también representa un costo significativo para el Estado, que deberá evaluar si está dispuesto a asumirlo para garantizar la actualización y transparencia del material electoral. La decisión que tome la Justicia y el Gobierno en los próximos días será clave para definir cómo se resolverá esta situación y qué impacto tendrá en el normal desarrollo de las elecciones.