El gobierno nacional recibió un nuevo revés en el ámbito legislativo, esta vez en la Cámara Alta, donde el bloque oficialista no logró reincorporar un capítulo clave al proyecto de Presupuesto. Este capítulo, previamente rechazado por los diputados, contenía disposiciones significativas como la derogación de la ley de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en discapacidad. La firma del dictamen sin estas modificaciones representa un duro golpe para la administración, que había manifestado su intención de insistir con el texto original a pesar de las objeciones constitucionales.
La incapacidad de introducir estos cambios en la comisión fue atribuida a la falta de gestión política. Fuentes cercanas al oficialismo señalan que se esperaba que la jefa del bloque en el Senado impulsara las modificaciones, pero su intento de incluirlas a último momento fue desestimado por los senadores aliados. Incluso, se menciona que se llegó a sugerir la aprobación del Presupuesto tal como estaba y luego corregir los puntos conflictivos mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una propuesta que generó más desconcierto que apoyo.
Desde la Casa Rosada, la reacción no se hizo esperar. Se expresó un profundo descontento con el texto aprobado, llegando a considerar la posibilidad de vetar la ley si el Senado la sanciona sin las enmiendas deseadas. «El Presupuesto así como está no nos sirve, busca forzar el déficit fiscal», afirmaron desde el gobierno, evidenciando la magnitud del desacuerdo. Ahora, la incertidumbre recae en si los legisladores oficialistas intentarán reintroducir las modificaciones directamente en el recinto, lo que implicaría el retorno del proyecto a la Cámara de Diputados y una posible sesión extraordinaria a fines de diciembre.
Este episodio también puso de manifiesto la compleja dinámica dentro del propio oficialismo. Mientras el ministro del Interior había declarado públicamente su intención de «trabajar para corregir ese articulado» y evitar un «desequilibrio», la ausencia del jefe de gabinete en las negociaciones fue notoria. El traspié subraya las dificultades del gobierno para consolidar apoyos y gestionar acuerdos en el Congreso, en un contexto donde los senadores aliados han dejado claro que no aceptarán imposiciones sin discusión.