Varios gobernadores han manifestado una postura abierta respecto a la necesidad de modificar y actualizar la legislación laboral vigente, reconociendo que ciertos cambios son imprescindibles para adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar la competitividad. Sin embargo, dejaron en claro que ese respaldo no será incondicional ni automático. En particular, advirtieron que no apoyarán reformas que impliquen pérdida de derechos para los trabajadores o que puedan perjudicar sus condiciones laborales.
En distintas provincias, los mandatarios señalaron que la discusión sobre las reformas debe ser seria y profunda, con diálogo previo entre equipos técnicos y políticos para definir una agenda consensuada. Destacaron que la voluntad política, el conocimiento de los temas y los tiempos adecuados son fundamentales para avanzar en propuestas que sean equilibradas y justas. En ese sentido, algunos gobernadores expresaron cautela y la necesidad de conocer en detalle los proyectos antes de emitir un juicio definitivo, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos laborales.
Esta posición refleja la complejidad que enfrenta el oficialismo para lograr una mayoría sólida en el Congreso que respalde las reformas impulsadas por el Gobierno. Aunque se valora la convocatoria al diálogo y la intención de construir consensos, la clave estará en que las propuestas no sean percibidas como un retroceso para los trabajadores, ya que eso podría generar rechazo tanto en las provincias como en las bancadas legislativas que representan a esos territorios.