La gestión de las cuencas hídricas en la Patagonia ha sumado un nuevo capítulo de tensión tras conocerse las decisiones tomadas por Alberto Weretilneck respecto a la explotación de recursos naturales en Río Negro. El foco del conflicto radica en la firma de contratos que otorgan la concesión de tres centrales hidroeléctricas a favor de grupos inversores provenientes de Qatar. Lo que ha despertado una fuerte reacción en diversos sectores no es solo la llegada de estos capitales extranjeros, sino la metodología empleada para sellar el acuerdo, ya que se habría omitido el debate parlamentario correspondiente.
Desde la oposición y sectores sociales sostienen que el Ejecutivo provincial avanzó de forma directa, sorteando los mecanismos de control que exige la Legislatura para este tipo de recursos estratégicos. Según las denuncias que circulan, el acuerdo permitiría a las firmas cataríes gestionar el flujo y la generación energética de represas clave sin que los representantes del pueblo hayan podido analizar los pliegos o las condiciones de impacto ambiental y económico a largo plazo. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre sobre la soberanía de los recursos hídricos en la región.
En medio de este escenario, las críticas apuntan a que Alberto Weretilneck priorizó la llegada de divisas y la relación con grupos económicos internacionales por encima del consenso político local. «Es una entrega directa de nuestros recursos sin que nadie pueda preguntar nada», señalan las voces más críticas, mientras exigen que se transparente el contenido de los contratos. La polémica recién comienza y promete escalar en el ámbito judicial, dado que se busca determinar si el procedimiento administrativo utilizado posee la validez legal necesaria o si se trata de una atribución de facultades que no le corresponden al mandatario sin aval legislativo.