La reciente sintonía entre el mundo de la tecnología de datos y la administración central ha tomado un rumbo inquietante con la aparición de propuestas para rediseñar el control estatal. En el centro de esta escena aparece la figura de Peter Thiel, quien ha puesto sobre la mesa de Javier Milei una estructura diseñada para gestionar el poder mediante el uso intensivo de información estratégica. El planteo no es meramente técnico, sino que apunta a integrar la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos con la estructura de inteligencia que hoy maneja el entorno cercano al mandatario, particularmente bajo la órbita de confianza de los asesores que controlan la SIDE.
Esta arquitectura de gobernanza busca transformar la manera en que el Estado interactúa con la ciudadanía, priorizando la vigilancia y el análisis predictivo. La propuesta de Peter Thiel sugiere un modelo donde la información recolectada por los organismos de inteligencia sea el combustible para una toma de decisiones centralizada y hermética. Para el equipo de Javier Milei, esta herramienta representa la posibilidad de consolidar una hegemonía política basada en el conocimiento detallado de los movimientos sociales y económicos, una idea que resuena con fuerza en los sectores del oficialismo que buscan blindar la gestión frente a cualquier resistencia externa.
Sin embargo, el despliegue de este sistema a través de la empresa Palantir —cofundada por el propio Thiel— plantea una amenaza directa a la autonomía del país. Se trata de una tecnología tan opaca y compleja que el propio gobierno no tendría la capacidad técnica para controlarla o auditarla en su totalidad. Entregar la gestión de la información sensible a una corporación externa supone un peligro extremo para la soberanía de datos, generando una dependencia tecnológica y política que resulta inaceptable para un sistema democrático. En este esquema, el Estado no solo pierde el monopolio de su inteligencia, sino que queda supeditado a los intereses y algoritmos de una entidad privada que opera fuera del alcance de las instituciones nacionales.