En medio de la inminente definición sobre la extradición de Federico «Fred» Machado a Estados Unidos, la pregunta que se impone es si el gobierno argentino está intentando protegerlo. Tras años de demoras, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, aceleró el trámite y envió la notificación a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el pedido de extradición. Sin embargo, la decisión final requiere la autorización del presidente Javier Milei, lo que ha generado una notable tensión en el oficialismo.
Diversas fuentes judiciales y políticas revelan que Machado mantiene una influencia poco clara dentro del gobierno, lo que alimenta sospechas sobre posibles gestiones para evitar su entrega a la justicia estadounidense. En ese contexto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el ex gobernador radical Horacio Massaccesi, cercano al poder, habrían realizado lobby en la Corte Suprema para frenar la extradición. Además, un dato que no pasa desapercibido es que Milei y Machado comparten abogado, el penalista Francisco Oneto, lo que profundiza la percepción de vínculos estrechos.
El ambiente se torna aún más extraño con episodios como la confusión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al llamar a un periodista por error. El periodista Diego Iglesias contó que recibió una llamada de Patricia Bullrich, quien quería saber detalles sobre el avance del trámite de extradición de Machado. La ministra de Seguridad confundió a Iglesias con un fiscal especializado en narcotráfico que comparte su mismo nombre. También la filtración de un video donde José Luis Espert aparece en la piscina de Machado, interpretado como una señal para que el gobierno no abandone al empresario. Mientras tanto, en Río Negro se especula que esta filtración podría ser un mensaje de Machado para mantener su protección política.
En definitiva, aunque formalmente el proceso de extradición sigue su curso, las circunstancias y los actores involucrados plantean una incógnita central: ¿está el gobierno protegiendo a Machado para evitar su entrega a Estados Unidos? Esta duda se mantiene como eje de la controversia política y judicial que atraviesa al país.