En una medida trascendental para el sector aerocomercial, el Ejecutivo dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a través del decreto 606/2024. Esta decisión se enmarca en el proceso de desregularización de la actividad aérea impulsado recientemente.
Al frente de la intervención fue designada María Julia Cordero, quien se desempeñaba en el área de Género de la Junta de Seguridad en el Transporte durante la gestión de Alberto Fernández. Su nombramiento tendrá una duración inicial de 180 días prorrogables.
Entre sus principales tareas, Cordero deberá evaluar la estructura actual de la ANAC para proponer una reorganización funcional y operativa. Asimismo, analizará el estado financiero del organismo e implementará mecanismos para agilizar los procesos y adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas.
«Transcurridos 17 años de la creación de la ANAC, continúan evidenciándose disfuncionalidades que afectan la seguridad operacional y perjudican la reputación argentina a nivel internacional», argumenta el decreto como justificación de la medida.
Esta intervención llega apenas dos días después de que el Gobierno diera inicio a la política de «cielos abiertos» mediante una reglamentación que habilita un mayor acceso al mercado aerocomercial. Se derogan así normas previas y se flexibilizan las autorizaciones para operar vuelos regulares, no regulares, de carga y servicios aeroportuarios.
Según el vicepresidente de IATA, Peter Cerda, estas medidas son positivas para los ciudadanos argentinos al generar «más competencia, más vuelos, mayor conectividad y precios más bajos», aunque advirtió que la reducción de tarifas no será inmediata.
En definitiva, la intervención de la ANAC parece ser el primer paso del Ejecutivo para poner en práctica su ambiciosa agenda de desregularización aérea. Un camino que, según las autoridades, apunta a modernizar y dinamizar un sector clave para la economía nacional.