El conflicto entre las casas de altos estudios y la administración de Javier Milei entró en una fase de confrontación total, marcada por una nueva movilización masiva que se siente con especial fuerza en las provincias. Lo que se palpa en el ambiente académico es una sensación de asfixia financiera que va mucho más allá de una simple discusión de números. Las autoridades universitarias y los referentes gremiales denuncian que la Casa Rosada decidió avanzar con un recorte que ignora las leyes vigentes y, lo que es más grave aún, desoye las órdenes directas de la Justicia que exigían una actualización de las partidas para garantizar el funcionamiento básico de los edificios.
La situación en el interior del país es desesperante para muchos rectores, quienes ven cómo el presupuesto se licúa mientras los costos fijos se disparan. Los ejemplos de esta política de ajuste son claros y directos: se han frenado programas clave como el Plan Nacional de Alfabetización y las becas Progresar han perdido gran parte de su valor real, lo que empuja a muchos chicos a abandonar sus carreras. Además, la falta de envío de fondos para gastos de funcionamiento dejó a facultades enteras operando al límite, con laboratorios que no pueden comprar insumos y problemas para cubrir servicios elementales. El Gobierno nacional parece haber optado por profundizar esta poda, sin mostrar intenciones de cumplir con la normativa que protege el financiamiento de la educación superior.
En cuanto a los salarios, la brecha entre la inflación y los ingresos de los docentes y no docentes se volvió insostenible. Durante la organización de esta cuarta marcha federal, los protagonistas recalcaron que la caída del poder de compra es de las más agudas que se recuerden, afectando la calidad de la enseñanza y la investigación. “Estamos frente a un desmantelamiento programado de la educación pública”, es la frase que más resuena en las asambleas, donde se advierte que la parálisis del sistema no es una posibilidad lejana, sino una realidad inminente si se sigue ignorando la ley. La protesta de hoy es la respuesta de una comunidad que siente que se están rompiendo los acuerdos básicos que sostienen el prestigio de la universidad argentina.