El gobierno de Javier Milei se encuentra inmerso en una nueva controversia judicial, esta vez en la provincia de Santa Fe. Según documentos oficiales, el Poder Ejecutivo ha propuesto el nombramiento del juez federal Marcelo Bailaque a la Cámara Federal de Rosario, a pesar de que el magistrado enfrenta un proceso disciplinario por presuntamente haber favorecido a un importante narcotraficante de la ciudad.
Tres fiscales provinciales han denunciado a Bailaque por negar medidas que habrían impedido el avance de las investigaciones contra Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico nueve años después. Incluso, el exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Lencina, declaró ante el Consejo de la Magistratura que había presentado 14 informes que demostraban los vínculos de Alvarado con el tráfico de drogas y la complicidad de policías locales, denuncias que habrían sido ignoradas por Bailaque.
La decisión del gobierno de proponer el ascenso de Bailaque a la Cámara Federal de Rosario ha generado fuertes reacciones en la provincia. Mientras que el gobernador Maximiliano Pullaro no respalda al juez, figuras cercanas al radicalismo como el juez provincial Florentino Malaponte y la docente Carmen Romero Acuña suenan como posibles alternativas para ocupar la vacante en la Cámara Federal.
La maniobra del gobierno para colocar a un magistrado cuestionado en un cargo tan relevante desató una tormenta política en Santa Fe. Los fiscales y testigos que acusaron a Bailaque consideran que su ascenso sería un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Resta ver si el Senado, donde el oficialismo tiene una minoría, dará su aprobación a esta propuesta del Poder Ejecutivo.