La situación alrededor de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de tensión que complica su posición en la estructura oficial. El eje del conflicto se desplazó hacia una serie de mensajes que habrían salido de su teléfono personal, donde se leen reclamos y exigencias directas hacia el responsable de las obras en su vivienda. En estas comunicaciones, que ya circulan en ámbitos judiciales, el funcionario se muestra impaciente y presiona por la velocidad de los trabajos, lo que para muchos termina de confirmar que el volumen de la obra era muy superior a lo que se intentó instalar en un principio.
A raíz de estas filtraciones, sectores de la oposición y algunos juristas empezaron a mover fichas para que se actúe con la misma vara que en gestiones anteriores. El planteo es concreto: piden que se le aplique la famosa doctrina que justifica las detenciones preventivas cuando el acusado tiene poder residual o jerárquico para entorpecer una investigación. Argumentan que, al estar en la cima de la estructura de decisiones, Manuel Adorni tiene la capacidad de influir sobre testigos o pruebas, lo que según esta interpretación jurídica debería derivar en una medida mucho más restrictiva que una simple notificación de la causa.
Dentro de la Casa Rosada, el clima es de hermetismo, aunque las declaraciones públicas de respaldo continúan. Sin embargo, la aparición de estos chats cambió el foco de la discusión, ya que no se trata solo de números en una declaración jurada, sino de una actitud que podría ser interpretada como un abuso de autoridad. Las capturas de pantalla muestran un nivel de detalle sobre las refacciones que contradice la idea de «arreglos menores».
El avance del caso genera ruidos internos difíciles de acallar. Mientras el entorno más cercano a Javier Milei sostiene que todo es una operación política, la presión para que Manuel Adorni dé un paso al costado o que la justicia tome medidas drásticas crece en el Congreso. La mención a la doctrina de los riesgos procesales no es menor, ya que fue la herramienta utilizada para encarcelar a exfuncionarios en el pasado, y ahora el oficialismo se encuentra frente al espejo de esa misma lógica judicial.