La justicia decidió archivar la denuncia que el Ejecutivo había impulsado contra un grupo de periodistas de TN, tras el episodio en el que se los acusó de un supuesto espionaje en la Casa Rosada. El juez federal Sebastián Ramos consideró que no hubo delito alguno en el accionar de los cronistas, quienes simplemente estaban realizando su labor profesional en un área de acceso público. Esta resolución judicial expone la fragilidad de los argumentos oficiales y alimenta la hipótesis de que todo el movimiento fue, en realidad, una maniobra distractiva para correr el eje de la atención pública.
El conflicto se originó cuando, desde el entorno presidencial, se denunció que los comunicadores habían ingresado de forma irregular a sectores restringidos de la sede de gobierno. Sin embargo, la resolución es tajante al señalar que no se vulneró ninguna medida de seguridad ni se accedió a información clasificada. En los pasillos de Balcarce 50, la lectura de este fallo genera ruido, ya que la denuncia original sirvió como el pretexto ideal para avanzar con el cierre de la sala de prensa, una medida que restringió el contacto directo de los periodistas con la gestión diaria y que fue duramente criticada por diversos sectores de la comunicación.
Detrás de este avance contra la prensa, se esconde el ruido generado por la situación patrimonial de Manuel Adorni. El vocero quedó bajo la mirada pública debido a un incremento en sus activos y un nivel de gastos que, para muchos, resulta difícil de explicar basándose únicamente en sus ingresos previos a la función pública. En este contexto, la denuncia por «espionaje» aparece como una puesta en escena diseñada para victimizar al oficialismo y justificar el cerrojo informativo, mientras las pruebas sobre los bienes de Manuel Adorni seguían ganando espacio en la agenda mediática.
Finalmente, el fallo judicial no solo deja sin efecto las acusaciones contra los trabajadores de prensa, sino que también pone en evidencia una estrategia de confrontación que busca limitar el control periodístico. La desestimación de la causa ratifica que lo sucedido en la Casa Rosada no fue más que un despliegue de tareas habituales de cobertura, dejando al descubierto que la verdadera intención oficial era blindar a sus funcionarios ante las investigaciones que cuestionan su transparencia y su estilo de vida.