La dura política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei ha sumido a las instituciones educativas públicas en una crisis terminal. Los salarios docentes y no docentes quedaron severamente desfasados de la inflación, empujando a la mayoría del personal por debajo del umbral de pobreza.
Las remuneraciones en las casas de altos estudios apenas superan los $680.000, mientras que la línea de pobreza se ubica en $870.000. Esta brecha se profundizará aún más en septiembre, cuando se descuente Ganancias a los sueldos más altos, arrastrando al 95% del plantel a condiciones de pobreza.
«Nuestros salarios quedaron 57% abajo de la inflación y 27% por debajo de las provincias. Nuestra recomposición es 17% menor al del resto de los estatales», denunció Marcelo Creta, de la gremial docente Ctera, advirtiendo sobre un «ensañamiento particular» contra el sector universitario.
En un intento por revertir la grave situación, los sindicatos anunciaron cinco días de paro en las próximas dos semanas. Las clases, previstas para iniciar el 12 de agosto, no comenzarán. «Hace 30 años que no enfrentamos una crisis salarial similar. Somos los trabajadores públicos peor pagos», agregó Creta.
Fuentes calificaron el cuadro como una «crisis terminal» y advirtieron que las medidas de fuerza difícilmente torcer la voluntad ajustadora del Ejecutivo. Mientras, aumentan los casos de profesores que abandonan las instituciones públicas para migrar al sector privado.