El Ministerio de Economía de Argentina ha decidido llevar a juicio al municipio de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, debido a la implementación de una tasa vial que se aplica sobre el precio de los combustibles. Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para cuestionar lo que consideran un abuso por parte de los intendentes en el cobro de tasas municipales. Según fuentes oficiales, la demanda fue presentada ante la Corte Suprema con la esperanza de que se declare la ilegalidad de esta tasa.
La base del reclamo se fundamenta en la Ley de Coparticipación, que prohíbe a los gobiernos locales gravar las mismas actividades que ya son gravadas por el gobierno nacional. En este caso, el gobierno nacional ya aplica un impuesto sobre los combustibles, lo que hace que la tasa vial sea considerada ilegal. “Presentamos la demanda a fin de año contra la Municipalidad de Lomas de Zamora y la provincia por la tasa vial, pidiendo la ilegalidad a la Corte Suprema”, comentó una fuente relacionada con el caso.
La presentación se realizó el 30 de diciembre y busca que la Corte declare inconstitucional la tasa vial, argumentando que infringe el régimen constitucional de coparticipación federal de impuestos. Además, el Ministerio de Economía solicitó una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de la tasa mientras se resuelve el litigio.
Lomas de Zamora es uno de los municipios que más cobra por esta tasa, que varía entre el 1,5% y el 2,5% en el conurbano bonaerense. La intención del gobierno es que, si se obtiene un fallo favorable, esta decisión pueda extenderse a otros municipios que aplican la misma tasa. La judicialización de este tema se produce en un contexto donde varios intendentes han sido instados a reducir o eliminar esta carga impositiva, aunque hasta ahora no ha habido cambios significativos.
El caso Mar del Plata
La Justicia ha decidido que la tasa vial impuesta por el municipio de General Pueyrredón, que cobraba un extra del 1,86% en el precio del combustible para mejorar las calles de la ciudad, es inconstitucional. El juez Simón Isacch, a cargo del caso, determinó que varios artículos de la normativa que creaba esta tasa no cumplen con los requisitos legales necesarios. Así, los planes del municipio para recaudar fondos a través de esta medida se ven frustrados, dejando a la comunidad a la espera de nuevas soluciones para el mantenimiento de sus vías.