En Río Negro, Argentina, se está llevando a cabo un conflicto entre una comunidad mapuche y la justicia, ya que los mapuches se niegan a abandonar un campo que han usurpado. La comunidad, conocida como Coronado Inalef, ha decidido permanecer en el lugar a pesar de las órdenes de retirarse voluntariamente. La justicia ha comenzado a planificar un desalojo forzoso de las tierras, ya que se han agotado todas las instancias de diálogo y no hay más recursos judiciales disponibles. Aunque la comunidad mapuche reclama tener una preexistencia en el lugar, los propietarios han presentado documentación catastral que respalda su titularidad de las tierras.
El fiscal de la causa, Francisco Arrien, ha realizado dos actas de constatación y ha dialogado con los integrantes de la comunidad y con referentes de distintas agrupaciones que se congregaron en el predio para «resistir el desalojo». Sin embargo, el juez de garantías, Juan Pablo Laurence, ha ordenado el desalojo y ha sido ratificado por el magistrado de la instancia superior, Juan Martín Arroyo. A pesar de los esfuerzos de la justicia por evitar la ejecución de la medida, la comunidad mapuche ha reafirmado su intención de permanecer en el territorio.
La planificación del desalojo involucra a distintas organizaciones sociales, de minoridad y salud, y se espera que la medida se lleve a cabo en los próximos días. Distintas comunidades mapuches y otras instituciones han expresado su rechazo al desalojo, argumentando que se estarían vulnerando los derechos humanos de la comunidad indígena y que se estaría provocando un gravamen irreparable. Sin embargo, la justicia ha resaltado que la documentación catastral avala la titularidad de los propietarios de las tierras.