La reciente decisión de avanzar con la designación de nuevos integrantes para el Poder Judicial ha generado una grieta profunda dentro del ecosistema de aliados parlamentarios. El malestar se concentra en sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical, quienes observan con desconfianza el impulso que se le está dando a una lista de candidatos con antecedentes vinculados estrechamente al kirchnerismo. Esta jugada del oficialismo nacional busca cubrir vacantes estratégicas en los tribunales federales, pero ha despertado sospechas sobre un posible pacto de impunidad o conveniencia política con el sector que lidera Cristina Kirchner.
Para los referentes de los bloques que habitualmente acompañan las iniciativas del Ejecutivo, la selección de estos nombres representa una contradicción con las promesas de renovación institucional. Consideran que el listado de pliegos enviados al Senado prioriza a figuras que han tenido un rol activo o una cercanía ideológica marcada con la gestión anterior, lo que pondría en riesgo la imparcialidad de la justicia en los próximos años. El descontento es tal que ya se habla de una tensión que podría dificultar la aprobación de otras leyes clave si no se revisan estos perfiles.
En los pasillos del Congreso, la molestia es palpable y los cuestionamientos apuntan directamente a la estrategia de construcción de poder del gobierno actual. «Es incomprensible que se promuevan jueces que responden a un modelo que se dijo querer cambiar», se escucha entre los legisladores que ahora amenazan con trabar el proceso en las comisiones. Mientras tanto, el oficialismo intenta minimizar el conflicto, aunque el ruido interno amenaza con romper la frágil armonía que mantenían con sus socios legislativos en temas de justicia y transparencia.