Martín Menem, líder del bloque Libertad Avanza, dispuso de forma irregular el uso de una camioneta oficial de la Cámara de Diputados para llevar a seis legisladores a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.
El vehículo utilizado, una Renault Master blanca perteneciente al Congreso, permitió el traslado de la comitiva parlamentaria que, en un acto repudiable, se entrevistó con genocidas como Alfredo Astiz. «Utilizaron recursos del Estado para reivindicar a quienes atentaron contra la democracia con sus crímenes», denunciaron voces opositoras.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el operativo estuvo debidamente organizado. Federico Sharif Menem, sobrino del legislador y su secretario parlamentario, fue el encargado de registrar los nombres de los diputados participantes. Incluso, personal de ceremonial de la Cámara Baja acompañó la expedición.
«¿Usaron una camioneta oficial, su sobrino anotaba pasajeros y va a decir que no sabía nada?», cuestionó un legislador libertario ante la intención de Menem de deslindarse del escándalo. El hecho desató una crisis interna en su propio bloque, con acusaciones cruzadas y amenazas de ruptura del espacio liderado junto a Gabriel Bornoroni.
La oposición analiza con dureza la presentación de pedidos de informes y hasta una eventual denuncia penal por el uso indebido de bienes públicos. El mal paso de los legisladores ha despertado un repudio generalizado en la sociedad, que aún lleva la herida abierta de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar.