La Iglesia Católica intensificó sus advertencias al Gobierno sobre el avance del narcotráfico y las adicciones en los sectores más humildes de la sociedad. Las señales de alerta se multiplicaron en las últimas semanas, en un claro contraste con las políticas aplicadas por la gestión libertaria.
En un encuentro de obispos en Quilmes, referentes eclesiásticos como Gustavo Carrara y Oscar Ojea expusieron con crudeza la realidad que atraviesan las villas y asentamientos. «El narcotráfico hace un Estado dentro de otro Estado», graficó Ojea sobre el poder de las bandas narco que reclutan a jóvenes con promesas de dinero fácil.
Carrara, mano derecha del arzobispo porteño, fue aún más contundente: «Recortar por los pobres es un pecado». La frase apuntó a medidas oficiales como el fin del plan FISU, utilizado para obras de hábitat digno en barriadas carenciadas.
Desde los territorios más postergados, los curas advierten una grave desintegración familiar por las adicciones y la violencia narco. «Una de cada tres familias nos cuenta que tiene algún problema de adicción», reveló un sacerdote del conurbano.
Aunque reconocen cierto financiamiento estatal, la Iglesia reclama una presencia más «inteligente» del Estado para contrarrestar el avance criminal. Ven al Gobierno como distante e insensible ante el drama social que se agudiza con la crisis económica.
La relación institucional es fría y el vínculo con el Secretario de Culto es mínimo. Un contraste con los pedidos urgentes que llegan desde las parroquias, en primera línea contra un flagelo que «hipoteca la vida de niños y adolescentes».