Una reciente auditoría realizada por el Gobierno argentino ha revelado detalles preocupantes sobre la Defensoría del Público, un organismo establecido bajo la Ley de Medios. Según el informe, este ente destina la mayor parte de su presupuesto, que asciende a aproximadamente 10 millones de pesos diarios, a capacitaciones dirigidas a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, las autoridades han señalado que muchas de estas capacitaciones parecen estar destinadas a controlar lo que se dice en la televisión y la radio, ya que las quejas suelen dirigirse hacia los mismos comunicadores.
La auditoría también destaca que bajo la gestión anterior de Miriam Lewin, quien estuvo al frente de la Defensoría hasta hace poco, se observó un sesgo ideológico en las denuncias recibidas. Esto ha llevado a cuestionar la imparcialidad del organismo, que debería ser un espacio de defensa de la comunicación democrática. La nueva titular, Soher El Sukaria, ha comenzado un relevamiento de personal y gastos, con el objetivo de identificar irregularidades y modernizar el funcionamiento de la Defensoría.
Entre los comunicadores más denunciados se encuentran figuras mediáticas como Viviana Canosa y Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, seguidos por otros periodistas de renombre. La auditoría indica que el 70% de las quejas provienen de la provincia de Buenos Aires y que muchas son presentadas por los mismos usuarios. Este patrón sugiere una posible campaña de acoso hacia ciertos periodistas, lo que ha generado preocupación en el ámbito de la libertad de prensa.
El Gobierno está considerando la disolución de la Defensoría del Público, y se han presentado propuestas legislativas para transferir su personal y funciones a la Defensoría del Pueblo de la Nación. La idea es que este nuevo organismo pueda llevar a cabo investigaciones de oficio y garantizar los derechos de las audiencias de manera más efectiva, en un contexto donde la gestión actual ha sido criticada por su falta de eficacia y transparencia.