El Gobierno comenzó una auditoría que afectará a 300.000 beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta medida, que forma parte de un proceso más amplio que abarcará a un millón de personas, busca asegurar que los beneficios se otorguen únicamente a quienes realmente los necesitan. Las primeras cartas documento fueron enviadas a beneficiarios de varias provincias, incluyendo Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene como objetivo detectar irregularidades en la asignación de pensiones. Se estima que esta auditoría podría generar un ahorro significativo de aproximadamente 900.000 millones de pesos en el presente año. En esta fase inicial, los beneficiarios deberán asistir a una evaluación médica con profesionales de PAMI, presentar la documentación requerida y someterse a los controles pertinentes. La asistencia es obligatoria, y aquellos que no se presenten sin justificación perderán su pensión.
El proceso de auditoría se inició en 2024, tras la identificación de serias irregularidades en la entrega de pensiones. De un total de 22.417 pensiones revisadas el año pasado, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se descubrió que 150 personas fallecidas y 212 reclusos seguían recibiendo este beneficio. La implementación de esta auditoría se realizará de manera gradual, con un enfoque particular en las pensiones otorgadas durante la administración de Alberto Fernández, y se espera que finalice en la primera mitad de 2025.