La lucha de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo ha escalado a un nuevo nivel, trasladándose ahora al ámbito de los negocios relacionados con el sector de seguros y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En medio de una creciente tensión, ambos han comenzado a reprocharse públicamente sobre las decisiones que afectan sus intereses económicos y políticos. La situación se ha vuelto tan crítica que cada uno intenta desmarcarse del otro, señalando que las acciones del contrincante perjudican sus respectivas posiciones.
En este contexto, Santiago Caputo ha sido señalado por su intento de controlar el negocio de Nación Seguros, un área que Karina y su círculo han estado manejando. La reciente derogación del decreto de Alberto Fernández que obligaba a las distintas reparticiones a contratar seguros con Nación Seguros, firmada por Javier Milei, ha dejado al descubierto las fricciones. Este decreto benefició a los Menem al permitirles seguir operando en este sector, pero la presión de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, ha puesto en jaque su continuidad. La ministra ha instado a Milei a deshacerse de lo que ella considera un «curro» vinculado a los seguros.
Caputo ha expresado su descontento por la intervención de Karina en estos negocios, lo que ha derivado en un intercambio de acusaciones. Mientras tanto, el entorno de Caputo ha argumentado que la falta de acción de Menem, asociado con Karina, ha contribuido a la caída del DNU de la SIDE, lo que agrava aún más la animosidad entre ambos. La guerra interna en el gabinete libertario ha dejado claro que no solo las decisiones políticas están en juego, sino también el control sobre recursos económicos vitales.
Con esta disputa, la administración de Milei se enfrenta a un desafío significativo. La lucha entre Karina y Caputo no solo afecta la dinámica dentro del gobierno, sino que también puede tener repercusiones en la gestión de la SIDE y la implementación de políticas públicas. La situación se complica aún más con la posibilidad de que este conflicto derive en problemas judiciales, especialmente si se confirma la malversación de fondos públicos en el manejo de los recursos de la SIDE.