Lilia Lemoine, diputada del partido libertario, ha generado controversia al justificar el ajuste presupuestario en las universidades argentinas con una afirmación provocadora: «Si tenemos primarios y secundarios que no saben leer, ¿para qué tenemos universitarios?». Durante un streaming en el que abordó el debate sobre el aumento del presupuesto universitario, Lemoine defendió la postura de que, en un contexto donde la educación básica no cumple con los estándares, no es prioritario invertir en la educación superior.
Este ajuste se produce en un contexto en el que el bloque de la UCR y otros aliados en el Congreso lograron aprobar un incremento del presupuesto universitario por 143 votos a favor, mientras que la oposición, compuesta por libertarios y miembros del PRO, se opuso con 77 votos. A pesar de la aprobación, Lemoine subrayó que «la universidad sigue siendo una de las cosas que no podemos pagar en este momento», sugiriendo que no se está desfinanciando la educación, sino que simplemente no se pueden aumentar los salarios docentes.
Lemoine también se refirió a las demandas de los docentes universitarios, cuestionando la idea de que se deba pagar mejor a los maestros para evitar paros. «¿Cuánto tengo que pagar para que no haga paro? ¿Es una extorsión?», se preguntó, lo que refleja una postura crítica hacia las reivindicaciones salariales en el sector educativo. Esta declaración ha sido interpretada como un desdén hacia las necesidades de los docentes, quienes han denunciado que han perdido más de un tercio de su salario en los últimos meses debido al ajuste.
El tema ha generado una fuerte reacción en el ámbito educativo y político, donde muchos consideran que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país. La UBA ha denunciado que los recortes han afectado gravemente la calidad educativa, provocando protestas masivas en rechazo a las decisiones del gobierno. A medida que se intensifica el debate sobre el futuro de la educación en Argentina, las palabras de Lemoine resuenan en un escenario ya tenso, donde la comunidad educativa exige una reconsideración de las prioridades presupuestarias.