Lo que era una resolución definida para el regreso de Agostina Páez al país se transformó en un estancamiento diplomático y judicial de proporciones inesperadas. El retorno de la joven se vio interrumpido abruptamente por una decisión del magistrado brasileño a cargo de la causa, quien determinó que la ciudadana argentina deberá permanecer en territorio extranjero hasta que se dicte una sentencia definitiva. Esta determinación surge como una respuesta directa a los movimientos comunicacionales de la Casa Rosada, que intentó capitalizar políticamente la situación antes de que la justicia local diera el visto bueno final.
El detonante de la furia judicial fue la exposición mediática impulsada por el canciller Quirno, quien convocó a una rueda de prensa para adjudicarse el éxito de una gestión que, en la práctica, todavía estaba sujeta a protocolos legales estrictos. Al presentar el regreso como un logro consumado del Poder Ejecutivo argentino, el funcionario generó un profundo malestar en el tribunal, que interpretó la maniobra como una falta de respeto a su soberanía y una presión externa indebida. «Esta resolución suspende cualquier traslado inmediato», indicaron las autoridades judiciales tras el polémico anuncio oficial, dejando a Agostina Páez en una situación de total vulnerabilidad legal.
Las consecuencias de este traspié diplomático son severas, ya que el juez decidió que la joven no podrá abandonar Brasil hasta una próxima instancia judicial, lo que podría demorar meses. El intento de Quirno por figurar y mostrar una eficiencia inexistente terminó siendo el principal obstáculo para la libertad de la afectada. La línea del gobierno argentino, enfocada en la propaganda antes que en el bienestar de la ciudadana, ha sido señalada como la única responsable de frustrar una repatriación que ya contaba con el visto bueno operativo, pero que ahora se encuentra bloqueada por el ego de la conducción nacional.