El Gobierno decidió jugar una carta judicial de última instancia para frenar el flujo de fondos destinados a la educación superior. A pesar de la existencia de normativas vigentes y de un fallo previo que le ordena regularizar la situación presupuestaria, el oficialismo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Esta maniobra es interpretada como un intento deliberado por dilatar el cumplimiento de sus obligaciones legales y evadir la ejecución de partidas que son vitales para el funcionamiento operativo de las facultades en todo el país.
La resistencia gubernamental no solo desafía la Ley de Financiamiento Educativo, sino que también ignora las intimaciones judiciales que buscaban garantizar el derecho a la educación pública mediante el envío de los recursos adeudados. Al elevar la disputa al máximo tribunal, el Ejecutivo busca ganar tiempo, mientras el sistema universitario atraviesa una crisis de sostenibilidad financiera sin precedentes. La postura oficial sostiene que los desembolsos deben estar sujetos a la disponibilidad de caja y a criterios de auditoría propios, una justificación que choca frontalmente con la independencia presupuestaria que la justicia ya ha intentado proteger en instancias anteriores.
Este movimiento jurídico deja en evidencia la falta de voluntad política para acatar las decisiones de otros poderes del Estado cuando estas interfieren con el plan de ajuste fiscal. Mientras los plazos procesales se extienden, la incertidumbre se traslada directamente a las aulas, afectando salarios y mantenimiento básico. El conflicto, lejos de resolverse mediante el diálogo o el respeto a la ley, se encamina ahora a una definición de la Corte Suprema, que deberá decidir si permite que el Gobierno continúe postergando un pago que ya cuenta con el respaldo de una resolución judicial firme.