La tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales alcanzó un punto de no retorno tras las masivas movilizaciones que desbordaron las calles de todo el país. Mientras miles de estudiantes, docentes y graduados reclaman por el ahogo financiero que pone en riesgo el funcionamiento básico de las aulas, Javier Milei mantiene un discurso centrado en la transparencia que, en la práctica, se traduce en un recorte feroz. El mandatario sostiene que su gestión solo busca «auditar para cuidar la universidad pública», pero esta postura choca de frente con el incumplimiento de leyes de financiamiento y órdenes judiciales que exigen la actualización de partidas presupuestarias. Para los sectores académicos, el argumento de las auditorías no es más que una pantalla para avanzar sobre la educación gratuita sin ofrecer soluciones reales al desfinanciamiento.
Esta exigencia de transparencia que el Ejecutivo proyecta hacia las facultades parece esfumarse cuando se trata de mirar hacia adentro, especialmente en el caso de Manuel Adorni. El vocero se encuentra en el centro de las críticas por una situación patrimonial que genera muchas dudas: se le adjudican múltiples propiedades y gastos mensuales en dólares que resultan imposibles de costear con su sueldo oficial. A pesar de las pruebas y el ruido mediático, el Presidente ha optado por un blindaje total hacia su colaborador, mostrando una evidente contradicción discursiva. Se exige un control exhaustivo sobre las cajas de las universidades, pero se protege a un funcionario cuyos números personales no cierran.
Incluso dentro de la estructura oficialista, la defensa a ultranza de Manuel Adorni ha generado chispazos. La tensión quedó expuesta tras una reunión de Gabinete donde Patricia Bullrich intentó sugerir que el vocero presentara sus declaraciones juradas de forma anticipada para calmar las aguas judiciales. La reacción del mandatario fue visceral, algo que Bullrich describió con diplomacia al decir que el Presidente «tiene una emocionalidad importante». Ese encuentro áspero confirma que, mientras el Gobierno ignora los reclamos de las marchas federales y profundiza el ajuste estudiantil, se enfoca con todas sus energías en sostener a figuras cuestionadas, dejando de lado la coherencia que tanto pregona.