El gobierno ha iniciado un proceso de auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la posible eliminación de entre 120,000 y 160,000 beneficios en los próximos meses. Esta decisión responde a la detección de irregularidades en la concesión de dichas pensiones, con el fin de asegurar que solo aquellos que realmente cumplen con los requisitos continúen recibiendo el apoyo del Estado. Las auditorías están siendo llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en colaboración con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas.
La revisión se ha iniciado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se espera que se expanda a otras regiones del país. Se estima que entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los beneficios, afectando especialmente a aquellos que poseen empleo formal, bienes no declarados o cuyas condiciones de salud no justifican la invalidez laboral. Estas pensiones están destinadas a personas que no pueden trabajar debido a problemas de salud y que carecen de otros ingresos.
Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, los solicitantes deben cumplir con varios requisitos, que incluyen no recibir otros ingresos del Estado, no tener empleo formal, y demostrar que sus ingresos son insuficientes para subsistir. Además, deben ser ciudadanos argentinos o residentes con más de diez años en el país y no estar privados de libertad en un establecimiento penitenciario. El monto de la pensión equivale al 70% de la jubilación mínima, lo que en agosto de 2024 era de aproximadamente $157,878.
El gobierno ha justificado estas auditorías como un medio para eliminar fraudes y asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, la medida ha sido criticada por diversas organizaciones sociales, que advierten que la eliminación de estos beneficios podría afectar a personas en situaciones vulnerables que dependen de estas pensiones para su subsistencia. Las autoridades han subrayado que el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y que las pensiones se otorguen de manera justa.