Una ola de malestar recorre los pasillos de la Cancillería argentina. Los diplomáticos de rangos inferiores se encuentran indignados ante la inminente aplicación del impuesto a las ganancias sobre sus salarios en el exterior. Esta medida afectará de manera significativa a los funcionarios de menor jerarquía.
Según revelan fuentes cercanas a la situación, los descuentos oscilan entre el 20% para embajadores y el 25% para secretarios, incidiendo fuertemente en sus ingresos reales. «No es lo mismo vivir en Japón, un país caro, que en Bangladesh, más económico», señala un diplomático. Esta disparidad en el costo de vida, sumada al pago de alquileres, colegios y gastos médicos, genera un panorama complejo para quienes tienen familias a cargo.
La postura pasiva de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) frente al gobierno ha sido duramente criticada. Su titular, Gustavo Zlauvinen, dejó el cargo en medio de las negociaciones para asumir como embajador en Austria. Esta situación, sumada a la renuencia del vicepresidente Eduardo Michel, ha desatado un profundo descontento en las filas diplomáticas.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, los funcionarios de menor rango se han autoconvocado y evalúan medidas de fuerza inéditas, como una retención de tareas que paralizaría la renovación de pasaportes y la legalización de documentos en consulados. «Nos están desjerarquizando, igual que a los militares», lamenta un diplomático de nivel medio.
En medio de esta crisis, APSEN ha emitido un comunicado rechazando la medida «confiscatoria» y enviado una carta a la canciller Diana Mondino exigiendo el cumplimiento del artículo 87 de la Ley del Servicio Exterior, que contempla el reintegro de gastos. La próxima semana se realizará una asamblea crucial para definir los pasos a seguir, incluyendo posibles acciones legales y la coordinación con los gremios ATE y UPCN.