Un episodio insólito sacude al sector energético y pone en tela de juicio la coherencia de las políticas implementadas por el Gobierno. En un giro sorprendente, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) se ha negado a aceptar los mismos bonos que el ministro Luis Caputo obligó a las distribuidoras eléctricas a recibir en pago de las deudas con las generadoras.
La secuencia de eventos resulta cuando menos paradójica. Las empresas generadoras de energía utilizaron esos controvertidos bonos para cancelar impuestos provinciales y regalías. Consecuentemente, algunos gobernadores intentaron valerse de los mismos títulos para saldar los pagos del suministro eléctrico a Cammesa, pero la entidad rechazó tajantemente dichos bonos.
Esta situación pone al descubierto una profunda grieta dentro del propio Gobierno. Mientras que el ministro Caputo celebró en su momento el acuerdo de reestructuración de deuda con las energéticas mediante la emisión de esos bonos, funcionarios de la Secretaría de Energía admitieron abiertamente la desconfianza que genera el instrumento dentro del Poder Ejecutivo.
La crisis se agrava aún más por el enfrentamiento entre Caputo y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien habría intervenido en el área a través de un allegado a Mauricio Macri. Este conflicto interno no hace más que socavar la credibilidad de las medidas adoptadas.
En el sector privado, la indignación es palpable. Ejecutivos de empresas eléctricas denuncian el impacto negativo en la seguridad jurídica y el riesgo de incumplir compromisos con acreedores externos al verse forzados a aceptar «papelitos» que ni siquiera el propio Estado respalda.
En resumen, el Gobierno se encuentra atrapado en una paradoja de su propia creación, generando desconfianza e incertidumbre en un sector clave para la economía nacional.