La interna en el bloque libertario se ha intensificado drásticamente, culminando en una reunión marcada por gritos, acusaciones y un clima de caos que ha dejado a todos los involucrados en una situación tensa. Este episodio se centra en la diputada Lourdes Arrieta, quien ha denunciado a su compañero de bancada, Nicolás Mayoraz, por violencia de género, tras ser maltratada durante una discusión acalorada en la que se discutía la polémica visita de varios legisladores a represores en el penal de Ezeiza.
La disputa comenzó cuando Mayoraz, junto a otros legisladores como Beltrán Bénedit y el jefe de bloque Gabriel Bornoroni, confrontaron a Arrieta por su decisión de presentar una denuncia para investigar la visita a los represores. Arrieta, quien ha insistido que fue engañada respecto a la naturaleza de esta visita, se sintió acorralada y agredida, lo que provocó una escalada de voces y una atmósfera hostil en el Salón Blanco de la Cámara Baja. En medio de los gritos y la tensión, Arrieta se retiró visiblemente afectada y, como resultado, se dirigió a la sede policial del Congreso para presentar su denuncia contra Mayoraz.
En medio de esta caótica situación, la diputada Marcela Pagano se encontró en una posición difícil y decidió salir del salón para pedir ayuda a quienes estaban en las cercanías, evidenciando la gravedad del conflicto. La intervención de Pagano, junto con otros asesores, fue crucial para intentar contener lo que se había convertido en un enfrentamiento violento, mientras los gritos de Arrieta y Bonacci resonaban en el ambiente. Este acto de buscar apoyo en un momento de crisis resalta no solo la tensión interna en el bloque, sino también la falta de un entorno seguro para las diputadas en medio de las disputas políticas.
El altercado no solo ha expuesto las fracturas internas del bloque libertario, sino que también ha generado un debate sobre la cultura de violencia de género dentro del ámbito político. La situación se ha vuelto aún más complicada debido a que la diputada Arrieta ha sido objeto de ataques no solo por su denuncia, sino también por su vinculación con el abogado Yamil Castro Bianchi, quien ha sido asociado con el bloque de Unión por la Patria.
En medio de este tumulto, algunos miembros del bloque libertario han sugerido la posibilidad de expulsar a Arrieta, lo que ha generado un debate interno sobre la estrategia a seguir. Mientras tanto, las tensiones entre los diferentes sectores del bloque se han exacerbado, con acusaciones de que la diputada está aliada con fuerzas externas que buscan desestabilizar al grupo.
Este conflicto no es solo un problema interno para el bloque libertario, sino que también refleja un momento crítico en la política argentina, donde las luchas de poder personales pueden tener repercusiones significativas en la capacidad del gobierno para avanzar en su agenda legislativa. La falta de liderazgo claro y la incapacidad para manejar estas crisis están poniendo a prueba la cohesión del bloque y su futuro político.
Fuera del edificio, Lilia Lemoine afirmó que Arrieta no tiene los patitos en fila. «Es una desequilibrada, está confirmado» afirmó la Cosplayer.
El fiscal desestimó la denuncia de Arrieta contra sus compañeros de bloque
El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, ha desestimado la denuncia presentada por la diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien acusó a varios colegas de su bloque de coacción y conspiración tras haber participado en una reunión con ex militares condenados por delitos de lesa humanidad. Mola calificó los argumentos de Arrieta como “infantiles y pueriles”, señalando que las diferencias entre los legisladores deberían resolverse en el ámbito político y no judicial. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión y fricciones dentro de la coalición de La Libertad Avanza, a la que pertenece Arrieta.
La denuncia de Arrieta se originó tras la visita de varios diputados al penal de Ezeiza el 11 de julio, donde se encontraron con figuras controversiales de la historia argentina. La legisladora argumentó que fue engañada para asistir a esta reunión, alegando que pensaba que se trataba de un espacio para discutir proyectos de ley relacionados con las condiciones de detención. Sin embargo, el fiscal Mola refutó esta versión, sosteniendo que la denuncia parece más un intento de Arrieta de distanciarse de un evento en el que participó activamente. “No puede ser considerado un delito una visita a personas que están presas”, manifestaron algunos de los acusados, aliviados por la resolución del fiscal.
La situación ha generado un debate sobre la judicialización de la política en Argentina, donde el fiscal Mola advirtió que este tipo de denuncias podrían dañar la confianza en las instituciones judiciales y contribuir a la percepción de parcialidad. El funcionario hizo un llamado a que las disputas políticas no se resuelvan en los tribunales, pues esto podría llevar a la desconfianza en los procesos judiciales y a una percepción negativa de la justicia. Al final, el fiscal pidió que se continuara la investigación sobre posibles irregularidades, pero desestimó la denuncia de Arrieta en su totalidad.