Una de las empresas estatales bonaerenses, el Astillero Río Santiago (ARS), se perfila como un considerable desafío financiero para la administración provincial, revelando un desequilibrio presupuestario alarmante. Para el ejercicio 2026, el proyecto de presupuesto enviado por Axel Kicillof a la Legislatura prevé un gasto de más de 105 mil millones de pesos, mientras que sus ingresos proyectados apenas superan los 1.200 millones. Esta disparidad, que implica que la empresa recaude poco más del 1% de lo que gasta, ha generado un intenso escrutinio por parte de los sectores opositores y se anticipa como un punto de fuerte debate en la Legislatura.
La situación operativa del ARS es igualmente preocupante. Con una plantilla de 2.700 personas, el 93,5% de su presupuesto se destina a salarios, con un promedio de 2,8 millones de pesos mensuales por empleado. A pesar de estos costos, la última vez que el astillero firmó un contrato para construir una embarcación de gran envergadura fue hace dos décadas, y gran parte de sus instalaciones permanecen sin uso desde hace veinte años. El presupuesto asignado al ARS supera significativamente el de varias carteras ministeriales y organismos clave de la provincia, como el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el de Trabajo o el de Economía, lo que ha llevado a calificarlo como «una fábrica que sólo produce recibos de sueldos».
La fuerte influencia gremial ha sido un factor clave, llevando incluso a la renuncia del ex responsable de la firma, Pedro Waseijko, quien afirmó a Clarín que «Hubo un problema interno, rompieron un acuerdo con otra lista de ATE y terminaron forzando mi salida». Waseijko había intentado reducir la plantilla, señalando que «Era personal que no asistía. No tuvimos que hacer nada. Solo los convocamos a venir a la empresa y como no asistieron quedaron automáticamente despedidos». Sin embargo, el sindicato, según el ex funcionario, pretendía «mantener el número» de operarios, llegando a proponer el ingreso de familiares. A pesar de la baja operatividad, se mantienen tres turnos diarios, con operarios cobrando plus por trabajar de noche «aunque no hay nada para hacer», según reconocen desde la propia compañía.
Desde el Ministerio de Producción, se defiende la gestión actual, argumentando que desde mediados de los 90 la planta naval ha sido deficitaria debido a políticas económicas y que, entre 2015 y 2019, se buscó desfinanciarla para su cierre. Aseguran que la administración de Kicillof renegoció contratos paralizados, como los de la Lancha de Instrucción de Cadetes (LICA) para la Marina y los cargueros para PDVSA, logrando la botadura de dos LICA. Además, afirman que el ARS no está paralizado, realizando tareas de mantenimiento y buscando activamente nuevos contratos. No obstante, la previsión de ingresos para 2026 sigue siendo mínima, cubriendo apenas los salarios de una treintena de trabajadores.