Según se desprende de la investigación judicial a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se habrían desviado al menos 37.000 millones de pesos desde el erario público hacia un grupo de cuatro droguerías. La trama, que incluye direccionamiento de compras y sobreprecios exorbitantes, ha llevado a la citación a indagatoria de 15 empresarios, intermediarios y exfuncionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, quien fuera director del organismo.
Según la fiscalía, desde finales de 2023 se habría manipulado el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) para realizar «compulsas reducidas» de precios. Estas licitaciones restringidas, que operaban en paralelo a las habituales, permitían que solo un selecto grupo de cuatro oferentes accediera a los contratos. Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron la mayor parte de las adjudicaciones de medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia, mientras que Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. actuaban como «oferentes pantalla» para simular competencia. Esta «fragmentación artificial» de las compras, como la describió el fiscal Franco Picardi, también se replicó en la adquisición de insumos auditivos.
La magnitud de los sobreprecios es uno de los puntos más alarmantes de la investigación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, fue vendido a la ANDIS por New Farma a $8.290.000 la unidad en una compulsa reducida, mientras que en licitaciones generales su precio rondaba los $411.764. De manera similar, el Burosumab se facturó hasta en $45 millones la unidad en compras restringidas, cuando en el mercado abierto se conseguía por aproximadamente $21 millones. Para el fiscal, estas diferencias no se explican por la inflación o la calidad, sino por la «exclusión deliberada de los oferentes más competitivos» y la «compra direccionada a tan solo dos oferentes», lo que convirtió el sistema en una «herramienta de defraudación».
La investigación ha revelado una «organización delictiva» que operaba desde el seno del Estado, con vínculos personales y societarios entre altos funcionarios y empresarios. Chats telefónicos y cuadernos incautados han expuesto la injerencia de «jefes para-estatales» como Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, quienes, sin ocupar cargos oficiales, ejercían una fuerte influencia en la ANDIS. Un mensaje de Atchabahian a un grupo que compartía con el ex director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, resumía la cercanía: «Somos familia». Las pruebas también sugieren el pago de coimas, como un registro de cámaras de seguridad que muestra a Spagnuolo ingresando a la casa de Calvete con una mochila, en un episodio que se sospecha involucró la entrega de 5 millones de pesos.