El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma laboral que busca limitar las indemnizaciones por despidos a un máximo de diez salarios, sin importar la antigüedad del trabajador. Esta medida forma parte de un borrador al que tuvo acceso Clarín y que propone cambios profundos en el régimen indemnizatorio vigente, que actualmente establece un sueldo por año trabajado sin tope máximo. Además, la iniciativa plantea excluir del cálculo indemnizatorio el aguinaldo, bonos anuales y otros beneficios no mensuales, lo que reduciría aún más el monto a pagar.
Entre otras novedades, se contempla que las pequeñas y medianas empresas puedan abonar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas, facilitando la gestión financiera de los empleadores. También se introduce el concepto de «salarios dinámicos», que permitiría otorgar aumentos variables según la productividad o mérito del trabajador, aunque la CGT advirtió que esto podría generar negociaciones desiguales y salarios a la baja.
La reforma habilita jornadas laborales más extensas con un sistema de banco de horas para compensar tiempos, siempre respetando un mínimo de descanso. Además, legaliza el fraccionamiento de vacaciones y otorga preeminencia a los convenios colectivos por empresa sobre los de rama o actividad. En materia sindical, limita los descuentos de cuotas a aquellos autorizados expresamente por los trabajadores, eliminando las cuotas compulsivas para no afiliados.
Por último, el proyecto restringe el derecho a huelga, exigiendo una cobertura mínima del 75% en servicios esenciales como salud y educación, y del 50% en sectores considerados de importancia trascendental, afectando así la capacidad de protesta de los trabajadores en áreas clave.