El gobierno nacional se prepara para implementar un duro ajuste fiscal tras las elecciones, una medida que podría poner en jaque el reciente acuerdo con los gobernadores. La caída en la recaudación, que se desploma entre un 15% y 20% interanual, sumada a la reducción del 40% en las retenciones y el 35% en el Impuesto País, ha dejado al Estado con un déficit cercano al 1,5% del PBI. Para cumplir con la meta fiscal pactada con el FMI, será necesario recortar más de 10 billones de pesos en gasto primario no indexado antes de fin de año.
Este ajuste se concentrará principalmente en partidas como salarios, subsidios, obras públicas y transferencias a las provincias, ya que muchos gastos están protegidos por indexación legal, como jubilaciones mínimas y deuda. De hecho, ya se han registrado demoras en pagos a provincias, como el caso de un gobernador del norte que vio frenados los desembolsos para una ruta productiva clave. Además, el gobierno utilizó durante julio y agosto un aumento en los giros a Cammesa para contener el impacto tarifario antes de las elecciones, pero esta estrategia no podrá sostenerse más allá.
En el proyecto de presupuesto para 2026, se observa una clara intención de mantener partidas indexadas con aumentos reales, mientras que el resto del gasto sufrirá recortes profundos, lo que anticipa tensiones con los gobernadores que esperan fondos. Por otro lado, aunque el presupuesto no contempla una reducción impositiva, el gobierno mantiene abierta la posibilidad de bajar alícuotas, lo que implicaría mayores recortes en las partidas flexibles para compensar la menor recaudación.