El reciente despido del periodista Luciano Barroso del Instituto Provincial para la Administración Pública (IPAP) de Río Negro ha encendido una alarma sobre la libertad de prensa en la provincia.
Barroso, quien colaboraba con medios nacionales como La Nación+ y LetraP, fue desvinculado tras cubrir el caso del empresario Fred Machado, detenido en Viedma y reclamado por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico. La notificación de su despido no aportó justificaciones claras, pero fuentes extraoficiales señalan que la orden provino desde los niveles más altos del gobierno provincial, lo que sugiere un intento de censura y amedrentamiento para silenciar investigaciones incómodas.
Este episodio se enmarca en un contexto político tenso, donde la figura del gobernador Alberto Weretilneck se ha visto comprometida por sus vínculos con Machado, situación que ha generado un escándalo de gran repercusión. La presión sobre Barroso no solo afecta su trabajo periodístico, sino que también pone en riesgo la pluralidad informativa y la transparencia en una región donde la política y el narcotráfico parecen entrelazarse. Organismos como FOPEA han expresado su preocupación y reclaman que se garantice la seguridad y la libertad de expresión para Barroso y otros profesionales del sector.
Por otro lado, en una jugada política que también ha levantado críticas, la esposa de Weretilneck, Andrea Confini, fue nombrada directora titular de YPF, con un salario mensual cercano a los 70.000 dólares. Esta designación, vinculada a una alianza política entre Weretilneck y el presidente Javier Milei, sumada a la insólita embestida del Gobernador contra Martín Soria para desviar la atención puesta sobre Lorena Villaverde, pareja de Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado y beneficiario de concesiones vinculadas a negocios mineros, evidencia un posible pacto político entre Weretilneck y el gobierno nacional para el abordaje de temas sensibles vinculados al narcotráfico. Así, la provincia de Río Negro muestra un escenario donde las decisiones políticas y económicas se entrecruzan con intentos de silenciar voces críticas.