El Gobierno nacional enfrenta un nuevo desafío en el Congreso en medio de las repercusiones por el caso José Luis Espert, que aún mantiene la agenda política en tensión. La Cámara de Diputados se prepara para debatir una reforma clave sobre la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta fundamental para la gestión del Ejecutivo, especialmente para el espacio liberal liderado por Javier Milei. Sin embargo, la oposición busca restringir su uso, proponiendo que el aval del Congreso sea obligatorio para que los DNU sigan vigentes, lo que implicaría que una mayoría simple podría anularlos.
Desde la Casa Rosada reconocen que será muy difícil frenar esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, y anticipan que el presidente Milei vetará la norma si se aprueba, aunque admiten que sostener esos vetos se ha vuelto una tarea compleja. Esta situación se suma a un fin de semana complicado para el oficialismo, tras la renuncia forzada de Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires, un golpe significativo en la campaña electoral a menos de tres semanas de los comicios.
Además, los coletazos del escándalo que vincula a Espert con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, continúan generando impacto. Machado será extraditado a Estados Unidos tras la autorización de la Corte Suprema y ha declarado públicamente haber financiado la campaña de Espert. Por su parte, Espert fue imputado en la causa iniciada por Juan Grabois por la recepción de fondos del empresario.
En paralelo, el Gobierno también enfrenta dificultades para asegurar que Diego Santilli, referente del PRO, encabece la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, luego de que la fiscal federal Laura Roteta opinara que no debería ocupar ese lugar. Ante esta situación, el oficialismo evalúa desplazar a Karen Reichardt, segunda en la nómina, para ajustar la estrategia electoral.
Aunque el Ejecutivo intenta dejar atrás el capítulo Espert, el tema sigue siendo un foco de controversia que la oposición busca mantener vigente en la previa de las elecciones, mientras desde la Casa Rosada aseguran que pronto quedará en el olvido.