Mientras la Justicia se prepara para tomar decisiones cruciales sobre el futuro de Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei ha optado por mantenerse al margen, evitando cualquier tipo de injerencia en el proceso. La postura oficial de la Casa Rosada es de «no interferencia», dejando en manos de los tribunales la resolución sobre si la ex mandataria cumplirá su condena en prisión domiciliaria o en una cárcel común.
Esta actitud, según fuentes oficiales, se condice con la promesa de Milei de no presionar a la Justicia, permitiendo que actúe con independencia y celeridad. Sin embargo, esta postura ha sido interpretada por algunos sectores como una forma de desentenderse de un tema que genera gran tensión política y social.
Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner ha solicitado que se le conceda la prisión domiciliaria en su domicilio de Constitución, así como la posibilidad de seguir expresándose en redes sociales y saliendo al balcón de su departamento. Estas peticiones serán analizadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes deberán presentar un escrito a los jueces del Tribunal Oral Federal 2.
En medio de esta incertidumbre, la militancia kirchnerista se prepara para movilizarse el próximo miércoles en Comodoro Py, en una muestra de apoyo a la ex presidenta. El operativo de seguridad para ese día está siendo coordinado por las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Ciudad, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar el orden público.