La decisión del gobierno de eliminar el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, generó una rápida respuesta judicial. La jueza Moira Fullana dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del decreto que eliminaba este día no laborable para los empleados públicos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizó sus redes sociales para criticar duramente el fallo, calificándolo como una protección de «privilegios de la casta» por parte de «la mafia sindical» y una «jueza militante». Adorni anunció que el gobierno apelará de inmediato la decisión judicial, buscando revertir lo que consideran un beneficio injustificado. Según el vocero, la jueza Fullana incluso cometió errores técnicos al identificar el artículo del decreto que pretendía suspender.
La medida cautelar, resultado de una demanda presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), solo beneficia a los afiliados a este sindicato. La jueza Fullana argumentó que la eliminación del feriado podría «lesionar derechos laborales colectivos» protegidos por la ley 26.876, que establece el 27 de junio como día no laborable para los empleados públicos. ATE celebró la decisión judicial como una defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores estatales. Rodolfo Aguiar, líder de ATE, afirmó que el fallo reconoce una «conquista histórica» de los estatales.
La controversia se enmarca en una serie de medidas gubernamentales destinadas a reformar el ámbito laboral estatal y revisar los feriados del sector público. Este caso ha reabierto el debate sobre los derechos adquiridos y la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar las condiciones laborales mediante decretos. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo será la encargada de resolver la apelación presentada por el gobierno, determinando si el 27 de junio seguirá siendo un día no laborable para los afiliados a ATE.