El gobierno nacional ha generado controversia al intentar modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta acción, que no logró ser aprobada en el proyecto de Ley Bases, ha sido calificada por Maxi Ferraro, entre otros, como un retroceso ambiental y un intento de favorecer la actividad minera en detrimento de la protección de ecosistemas frágiles.

Según denuncias de Ferraro, la modificación propuesta no se trata de una simple actualización técnica, sino de una desprotección de glaciares y ambientes periglaciares que actualmente se encuentran preservados. Se busca redefinir qué debe ser protegido, permitiendo la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, lo que contravendría el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú.

Entre los puntos más cuestionados se encuentran el recorte de la definición de glaciar, dejando fuera formaciones pequeñas pero esenciales, el condicionamiento de la protección a criterios discrecionales y la habilitación de la intervención sobre el ambiente periglacial, una zona vital como reguladora hídrica y reserva de agua dulce.

Se argumenta que este decreto contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, respondiendo a intereses que históricamente han buscado remover los límites impuestos por la Ley de Glaciares. La decisión de avanzar por medio de un DNU, sin debate en el Congreso ni participación ciudadana, ha generado fuertes críticas.

Ante esta situación, se ha anunciado que se solicitará el rechazo del DNU en ambas Cámaras del Congreso. Se destaca la necesidad de modificar la ley 26.122, que regula el trámite de los DNU, por considerarla violatoria de la división de poderes. Se recuerda que intentos similares de modificar la protección de los glaciares no prosperaron en el pasado, y se reafirma la postura de que los glaciares no deben ser tocados y el agua no debe ser negociada.