El gobierno ha implementado un drástico recorte del 75% en la inversión destinada a la infraestructura de rutas y vías durante el primer trimestre de este año. Este ajuste ha generado una fuerte preocupación entre intendentes y gobernadores, quienes han expresado su descontento ante la paralización de numerosas obras que se encontraban en diferentes etapas de avance. La situación se ha vuelto crítica, especialmente tras un reciente accidente en la Ruta Nacional N° 3, que dejó un saldo trágico de cuatro muertos y 16 heridos, lo que ha intensificado las críticas hacia la gestión actual.
Según el senador Martìn Barrionuevo, especialista en estadísticas, «se está invirtiendo uno de cada cuatro pesos» en comparación con años anteriores. Este recorte ha llevado a que el mantenimiento de las rutas se vea severamente afectado, con la suspensión de contratos de obras y servicios esenciales, desde la construcción de nuevos carriles hasta el mantenimiento básico como el corte de pasto. En medio de esta crisis, el director nacional de Vialidad se encuentra en Estados Unidos asistiendo a un curso de «liderazgo», lo que ha sido interpretado como una falta de compromiso con la situación crítica de las infraestructuras viales en el país.
La falta de atención a las rutas ha generado un aumento en el número de accidentes, especialmente en la Ruta Nacional N° 3, un corredor vital que conecta con la Patagonia. Las autoridades locales han denunciado que sus reclamos por mejoras en la infraestructura no han sido atendidos, lo que ha llevado a un aumento en la presión sobre el gobierno para que reactive las obras. «El nivel de accidentología en esta ruta es muy alto», afirmó el secretario de Gobierno de San Miguel del Monte, resaltando la urgencia de realizar reparaciones.
A pesar de la paralización de las obras, el gobierno continúa cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que debería destinarse a Vialidad. Esto ha llevado al gremio de Trabajadores Viales a presentar una denuncia penal contra el secretario de Hacienda por incumplimiento de deberes, ya que solo se han transferido una fracción de los fondos recaudados a la entidad encargada del mantenimiento de las rutas. La situación ha sido calificada como un «saqueo total» por la titular del gremio, quien exige que se respeten los derechos de los trabajadores y se reanuden las obras necesarias para garantizar la seguridad vial.