El gobierno ha dado un nuevo paso en su política de desregulación económica, eliminando una serie de programas destinados al fomento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Según el Poder Ejecutivo, estas iniciativas eran «ineficientes, discrecionales y estériles», generando distorsiones en el libre mercado. La medida se formalizó a través del decreto 339/24, que se basa en el principio de libre concurrencia y respeto a la propiedad privada establecido en el Decreto N° 70/23.
Entre los programas eliminados se encuentran varios artículos de la Ley N° 25.872, que creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Este programa buscaba fomentar el espíritu emprendedor, brindar herramientas financieras, promover la inserción en mercados nacionales e internacionales e incentivar la innovación tecnológica. Sin embargo, el gobierno considera que estos programas distorsionaban los precios e impedían la dinámica natural del mercado.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido la medida, argumentando que el verdadero apoyo a las PyMEs reside en reducir las regulaciones, dar libertad y tener una macroeconomía ordenada. En sus redes sociales, Sturzenegger citó al economista Javier González Fraga, quien señaló que las regulaciones en el sector son tan complejas que solo las grandes empresas pueden cumplirlas.
El gobierno sostiene que el modelo de la libertad es el camino para el crecimiento de las PyMEs. En este sentido, destaca la reducción de la inflación, la liberación del tipo de cambio, la eliminación de regulaciones y la reinstalación de las sociedades anónimas simplificadas como medidas que benefician al sector productivo. El objetivo final, según el gobierno, es que las PyMEs conquisten el mundo, dejando atrás la «pequeñez» como una condición permanente.