Sergio Romero, secretario de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Política Educativa de la Confederación General del Trabajo, explicó en diálogo con Infobae que con esa modificación el Gobierno “pretende que el ese salario mínimo sea determinado en forma anual por el Consejo Federal de Educación. Ese Consejo, en consulta con los ministerios de Economía de cada provincia y con el ministerio a nivel nacional, fijarían ese salario mínimo”.
“Estamos hablando con los diputados que podemos para que no aprueben la ley porque está demostrado que en los países donde la educación fue declarada servicio esencial se atacan los derechos laborales, cercenando el derecho a huelga y también se abre camino al desfinanciamiento educativo”, señaló Romero. Para el gremialista hay 500 mil docentes en todo el país, de un total de 1.300.000, que se encuentran “bajo la línea de pobreza”.
Roberto Baradel, de CTERA, coincide en el diagnóstico. “Modificaron el dictamen y desconocen la paritaria docente como ámbito de negociación para fijar el piso salarial. Nosotros entendemos que es responsabilidad del gobierno garantizarlo convocar al diálogo, escuchar las necesidades de docentes, estudiantes y de las escuelas y, dando respuestas a las mismas”.